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El Ministerio Público verificará la responsabilidad que les cabe a los funcionarios encargados de los programas de nutrición en el departamento.
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La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa con el fin de establecer responsabilidades frente al fallecimiento de tres menores de edad (dos niños y una niña) pertenecientes a la comunidad indígena Wayuu por causas asociadas a la desnutrición.
Las denuncias, hechas por organizaciones sociales y medios de comunicación, dan cuenta de la muerte de un bebé de 15 meses en el corregimiento Siapana, municipio de Uribia, el pasado 25 de diciembre de 2022; otro menor de cuatro meses habría muerto de hambre ese mismo día en la comunidad Waitta, corregimiento de Jojoncito, entre los municipios de Maicao y Uribia y un tercero de nueve meses en Flor de la Guajira, corregimiento de Uribia, el pasado 27 de diciembre de 2022.
Entre la información requerida por el Ministerio Público a las autoridades municipales y departamentales para establecer responsabilidades, están las identidades precisas de los niños fallecidos, sus padres y familiares, los pormenores en cada caso, los programas de salud, seguridad alimentaria y otros a los que estas familias estuvieran adscritas, las políticas, planes y programas que se adelantan en el departamento para evitar la muerte de niños, niñas y adolescentes por desnutrición, así como los nombres y cargos de los funcionarios responsables.
Frente a esta situación, la Procuradora Margarita Cabello Blanco ordenó crear una Agencia Especial conformada por las procuradurías delegadas para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y Mujeres; Salud y Trabajo Decente, Asuntos Étnicos y Gestión y Diálogo Territorial, con el fin de redoblar el seguimiento y control a las políticas y programas de nutrición y atención a primera infancia en 2023.
Con información de la Procuraduría