Los retos frente a las dificultades del sector energético en Colombia

El encuentro, tuvo como propósito avanzar en la búsqueda de soluciones a los principales desafíos del sector energético colombiano.

Gobernación del Atlántico

La Audiencia Nacional de Equilibrio Energético concluyó con compromisos energéticos, con acciones verificables, responsables identificados y plazos de cumplimiento definidos, la iniciativa fue realizada por la Comisión Quinta del Senado de la República, el pasado jueves en el Cubo de Cristal de la Plaza de la Paz en Barranquilla.

El encuentro, convocó a representantes del Gobierno nacional, entidades de regulación y planeación, empresas prestadoras del servicio, gremios y organismos de control, con el propósito de avanzar en la búsqueda de soluciones a los principales desafíos del sector energético colombiano, quienes acordaron que este mecanismo fortalece la capacidad de seguimiento institucional y ciudadano a las decisiones adoptadas para asegurar el abastecimiento energético y mejorar la calidad del servicio en el país.

La audiencia se ejecutó en un momento marcado por las preocupaciones sobre la disponibilidad de energía para atender la demanda nacional, los retrasos en proyectos estratégicos de generación y transmisión, los retos asociados al abastecimiento de gas y la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta ante escenarios climáticos críticos, según explicaron los senadores Camilo Torres Villalba y Gonzalo Baute.

Juan Espinal, presidente de la Comisión Quinta del Senado, durante su intervención destacó el ejercicio que han venido realizando las autoridades regionales y locales en el tema energético, mencionando que este mecanismo será replicado en otras zonas del país.

“La Comisión Quinta del Senado de la República ha iniciado un ejercicio a nivel nacional, que consiste en descentralizar las sesiones y realizar audiencias públicas en compañía del Gobierno nacional, bajo el liderazgo de nuestra ministra de Minas y Energía, la doctora María Noemí, para dialogar con toda la comunidad frente al reto que tenemos de recuperar el sistema energético”,

dijo.

Por su parte, la ministra de Minas y Energía, María Noemí Arboleda, solicitó el acompañamiento de los senadores para buscar soluciones a corto plazo, antes de avanzar hacia medidas más profundas y definitivas que permitan al país contar con un sistema energético confiable y con garantías de abastecimiento, haciendo también un llamado para trabajar de manera conjunta, pues el Estado no puede afrontar esta situación por sí solo.

“Hay algo que quiero que ustedes tengan claro y es que la solución del problema no es solo para el Caribe; ya lo estamos viviendo y entendemos que el problema es de todo el país y, precisamente, en esa visión tenemos que resolverlo. Con la CREG estamos trabajando en resoluciones que van a contribuir a resolver y que tienen que ver con inversiones, obviamente”,

expresó Arboleda.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, advirtió sobre los riesgos de desabastecimiento eléctrico en Colombia y planteó una hoja de ruta con soluciones de fondo.

Basado en su experiencia al frente de Corelca durante la grave crisis de 1992, Verano alertó que repetir un escenario de racionamiento en la Colombia digitalizada de hoy causaría pérdidas económicas por 30,7 billones de pesos, equivalentes al 1,6 % del producto interno bruto (PIB). Además, pondría en riesgo cerca de 210.000 empleos y empujaría a 480.000 personas adicionales a la pobreza monetaria.

“Para prevenir este impacto devastador, es urgente atender la convergencia de amenazas que presionan al sistema, comenzando por el fenómeno de El Niño. Según reportes del IDEAM a octubre de 2026, existe una probabilidad del 83 % de afrontar condiciones de sequía fuertes a muy fuertes hasta el primer trimestre de 2027, lo que hace indispensable asegurar el respaldo de la generación térmica nacional”,

sustentó el mandatario.

Compromisos que garanticen una transición energética

La Audiencia Nacional de Equilibrio Energético hizo un llamado de manera urgente para crear un vínculo de trabajo entre las instituciones, las regiones y los operadores, con el propósito de fortalecer la seguridad y la soberanía energética del país, y garantizar una transición justa sin comprometer la confiabilidad del sistema.

Entre los compromisos más relevantes sobresale la creación de un observatorio de seguimiento interinstitucional que involucre al Congreso, el Gobierno nacional, las empresas y los operadores. También se acordó consolidar una hoja de ruta para el periodo 2026-2035, centrada en la exploración de gas natural a corto, mediano y largo plazo, con el objetivo de normalizar el abastecimiento en un horizonte de tres a cuatro años.

En temas de la crisis financiera, mencionaron que los operadores en la región Caribe, expusieron cifras y medidas consideradas prioritarias, como el caso de Afinia, que requiere 800.000 millones de pesos para garantizar su operación hasta el cierre del año, frente a una deuda global de 6,3 billones de pesos. Por su parte, Air-e, bajo intervención, ha ejecutado inversiones superiores a 23.000 millones de pesos.

De esta manera, las propuestas y los compromisos planteados enfatizan la necesidad de sanear las cuentas financieras, reducir las pérdidas técnicas y comerciales, impulsar la cultura de pago y aplicar regímenes regulatorios diferenciales que contribuyan a garantizar la sostenibilidad del servicio eléctrico nacional.