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Diferentes ministerios aseguran que la explotación ilícita de oro ascendió a 65.000 hectáreas en 2018 y es una de las principales causas de deforestación en Colombia. Varios ministerios radicaron un nuevo proyecto de ley al Senado.
La explotación ilícita de minerales es la cuarta causa de deforestación según el informe del IDEAM 2019 y, de acuerdo con el estudio de evidencias de oro de aluvión (EVOA), la explotación ilícita de oro ascendió a 65.000 hectáreas en 2018, estudio realizado por el Ministerio de Minas y Energía y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC,
Los departamentos más afectados son Antioquia, Nariño, Cauca, sur de Bolívar y Chocó, con reportes en tres Parques Nacionales Naturales: Puinawai, ubicado en territorios de los departamentos de Guainía, Vichada, Vaupés, Guaviare y Caquetá; Paramillo, ubicado en Antioquia y Córdoba; y Farallones, en el Valle del Cauca.
Recientemente los Ministerios de Minas y Energía, Defensa, Justicia, y Ambiente y Desarrollo Sostenible radicaron el proyecto de ley ante la Comisión Primera del Senado que busca mejorar las herramientas y metodologías para vigilar y judicializar estas prácticas que conllevan a la formación de grupos armados , afectación al medio ambiente y las demás problemáticas sociales.
Por otro lado se estima que a partir de 2016, cuando iniciaron los controles sobre la comercialización de oro, se dejó de reportar una producción de este mineral de 30 toneladas año, lo que equivale a un valor comercial de alrededor de $3,6 billones de pesos. Esto representa aproximadamente $140 mil millones de pesos en regalías dejadas de percibir durante el año 2019, con lo cual se podrían haber construido unas 1.400 viviendas de interés social
“La explotación ilícita de minerales atenta contra el medio ambiente, se apropia de recursos de todos los colombianos y es una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado. El país cuenta con pocas herramientas para combatirlo y por eso este proyecto de ley busca poner mano dura contra este delito”, señaló el Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa.
El Gobierno Nacional también ha centrado sus estrategias en la formalización minera, creando herramientas para facilitar el tránsito de alrededor de 27.000 de ellos a la legalidad, de los cuales 12.000 ya han iniciado este proceso.
Este proyecto de ley busca:
Facultar a la Fuerza Pública y a la Fiscalía General de la Nación con las herramientas jurídicas necesarias que les permitan perseguir toda la cadena criminal de explotación, producción, beneficio y comercialización de minerales.
Controlar el uso de sustancias tan tóxicas como el mercurio y el cianuro, que causan daños irreversibles a nuestros ecosistemas, a nuestra fauna y a nuestra flora”.