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Importantes proyectos como la adjudicación del Canal del Dique o el contrato de navegabilidad en el río Magdalena son otros de los tantos retos que el nuevo Gobierno tendrá que asumir entre sus obligaciones.
Sin lugar a dudas son varios los retos que el presidente Gustavo Petro deberá asumir de la mano de su gabinete de trabajo. Uno de los más comentados por la ciudadanía es el de la adjudicación del Canal del Dique.
Recordemos que el pasado jueves, luego de diversas polémicas y protestas, se suspendió la licitación que le daría luz verde al Gobierno saliente para llevar a cabo estas obras que llevan más de 10 años de planeación. Debido a esto, y en vista de que este es un proyecto de carácter primordial, será la nueva presidencia la que tendrá que hacerle frente a esta situación.
La inversión para las obras del Canal del Dique está por encima de los $3 mil millones y según Manuel Gutierrez, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el proyecto ya quedó ‘casi listo’.
Entre otros retos prioritarios se encuentra el contrato de navegabilidad en el río Magdalena, el cual estaba también en manos del presidente saliente Iván Duque, pero que por atrasos y pormenores no se pudo firmar.
Este proyecto ha sido ‘considerado’ pieza clave en el país debido a que, según la ANI, se constituye un ‘hito’ en la infraestructura de Colombia, esto teniendo en cuenta que la realización de este proyecto representa un paso indispensable para enfrentar el gran rezago de la política de transporte nacional.
Esta mega-obra está prevista para durar 13 meses en la fase de preconstrucción y de construcción sería entre 4 o 5 años. Esto con un presupuesto de más de $1,53 billones.
Por otra parte, el presidente Gustavo Petro también tendrá que hacerle frente a la operación del aeropuerto de Cartagena, ante la finalización de los contratos de concesión.
Por último, es preciso recordar que el contrato del Registro Único Nacional de Tránsito RUNT vence el próximo mes de septiembre y el nuevo iniciará en junio del próximo año. Esto “genera incertidumbre” para la nueva administración, esto si se tiene en cuenta, que habrá 9 meses sin garantía en la continuidad del servicio.