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En medio del confinamiento obligatorio por la COVID -19, muchas víctimas tuvieron que convivir con sus agresores, aumentando así el índice de violencia personal e intrafamiliar en los hogares colombianos, según lo notificó la Defensoría del Pueblo.
Y es que, de acuerdo al informe entregado por la institución, se atendieron un estimado de 1.617 casos de violencia basada en género en los departamentos de La Guajira, Arauca, Norte de Santander, Putumayo y Santander.
Es el caso de Azucena, mujer venezolana con estatus migratorio irregular, quien sostenía una unión marital con Juan, hombre colombiano, quien un día a su llegada a casa la agrede físicamente, siendo interrumpido por vecinos del sector, quienes acudieron cuando intentaba ahorcarla. Juan es capturado en flagrancia y posteriormente condenado por el delito de violencia intrafamiliar.
El nombre de Azucena es cambiado por motivos de confidencialidad, pero ella, puede ser María, Sofía o Carmen; quienes hacen parte de los 515 casos (31%) reportados contra población refugiada, migrante y solicitante de asilo.
Según datos entregados por la Defensoría del Pueblo, los tipos de violencia física (18%), sexual (6%), psicológica (42%), patrimonial (6%) y económica (27%) son los que más suceden al interior de los hogares.
“la violencia psicológica constituye el mayor porcentaje dentro de los tipos de violencia expuestos, y es transversal a todos estos, ya que, cualquier hecho que cause daño a la persona en cualquiera de sus formas, desencadena también un daño y sufrimiento psicológico. Este tipo de violencia hace referencia a comentarios intimidatorios, acoso, amenazas, aislamiento, desprecio y humillación, entre otras” indicó la institución.
En el caso de los migrantes, se han presentado casos en los que por cuenta de los bajos ingresos económicos -debido a que se dedican en su mayoría a la economía informal- algunas personas “se ven expuestas a la escasez alimentaria y la habitabilidad de calle, por cuenta de los desalojos por incumplimiento en el pago de arrendamiento” e, incluso, a hechos de violencia sexual.
En la situación vivida por Azucena, la Defensoría del Pueblo acompañó y brindó a través de la dupla de género, en el trámite del incidente para que se garantice su proceso de reparación integral. Actualmente, la mujer se encuentra en tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico lo que le ha permitido mejorar su calidad de vida.
“En respuesta a la contingencia sanitaria COVID-19, las duplas de género han implementado estrategias de atención individual, grupal, telefónica y en línea; a la vez que, promueven y participan en espacios de promoción, divulgación, talleres de formación y espacios de incidencia, logrando un impacto positivo en el empoderamiento de la población para realizar acciones en pro de la garantía de sus derechos de forma individual y colectiva”, concluyó el informe entregado por la institución.