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Los directivos del Caribe enviaron un documento a la Ministra de Minas, Irene Vélez con el objetivo de sostener una reunión para resolver el problema que está generando las tarifas de energía en la Costa.
Cortesía: Air-e / Imagen de referencia
En medio de la crisis social y económica que sufre la región Caribe por el incremento desmedido de las tarifas de energía eléctrica, las cámaras de comercio de Barranquilla, La Guajira, Valledupar, San Andrés, Santa Marta y Sincelejo, junto a los gremios de la región expresaron su inconformidad y enviaron un documento al ministerio de Minas, donde señalan que los incrementos en el costo del servicio empobrecen aún más a la población del Caribe y afectan la economía regional.
En conversación con Caracol Radio, Manuel Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla, indicó que Ley 142 permite desmontar el régimen que disparó alzas en tarifas de energía en el Caribe.
“Nosotros vamos a radicar una solicitud muy respetuosa al ministerio de Minas y Energías, planteando un poco estas recomendaciones y puntos de vistas, que básicamente han sido el resultado de un proceso de consultar con muchos expertos en la materia, de revisar con mucho detenimiento el estudio de Fundesarrollo y Frontier Economics. (…) Básicamente lo que dice este comunicado es que comunicado es que la Ley 142 del artículo 126 establece que es posible modificar los regímenes tarifarios en la medida en que se materialicen unas afectaciones a los usuarios injustas y lo que muestra el estudio de Fundesarrollo y Frontier Economics lo que demuestra con estadísticas es que ha habido una afectación injusta y desproporcionada en la Región Caribe”, expuso el directivo.
Fernández, además agregó que la empresas del Caribe se han visto golpeadas con las tarifas de energía a tal punto de afectar su competitividad y disminuir el número de sus empleados para contrarrestar este fenómeno económico.
“Las empresas al tener un incremento en las tarifas están viendo reducir su competitividad, por ende, disminuyen la generación de empleo y la Costa en general se ve perjudicada. Nosotros consideramos después de revisar atentamente las disposiciones anunciadas por la CREG con el objetivo de buscar soluciones, que no son suficientes porque no abordan el tema que para nosotros es la piedra angular que es las perdidas por fraude”, sostuvo.
Los directivos de las cámaras de comercio del Caribe esperan sostener muy pronto una reunión con la ministra de Minas y Energías, Irene Vélez con el propósito de llegar a un acuerdo que permita reducir de una vez por todas las tarifas de energía.
“Estamos gestionando la reunión y esperamos que podamos realizarla muy pronto, entre tanto estaremos radicando esta información formalmente ante el ministerio de Minas”, concluyó.
¿Qué dice el comunicado de los directivos de las cámaras de comercio?
1. El alto costo de la energía eléctrica en la región Caribe se debe a decisiones regulatorias establecidas en las resoluciones CREG 010 de 2020, CREG 188 de 2020 y CREG 024 de 2021.
2. El modelo creado por el esquema singular y temporal definido por la CREG para la región Caribe le reconoce a los operadores de red las pérdidas por fraude, con lo cual se aparte del criterio de eficiencia establecido en la Ley 142 de 1994 para definir la fórmula de fijación de las tarifas, tal como lo advierte el reciente estudio de FUNDESARROLLO Frontier Economics.
3. Dicho esquema se basa en el costo de servicio y altas tarifas para garantizar la sostenibilidad de los operadores de red. Ello incluyó aplicar cargos retrospectivos cobrados desde el momento de su solicitud y no, como es natural, al momento de su aprobación, con lo cual se viola el derecho de los consumidores de conocer el valor del servicio al momento de usarlo. Además, las inversiones se reconocen desde la aprobación del plan respectivo y no desde su materialización, lo que hace que su financiación la asuman los usuarios anticipadamente con alzas en las tarifas.
4. Aunque, como dice el citado estudio, los operadores de red deben recuperar las inversiones mediante incrementos tarifarios, era necesario primero mejorar la calidad del servicio, con financiación del Estado o de los nuevos operadores, y bajar las pérdidas antes de aplicar las alzas en el costo del servicio.
5. Las resoluciones más recientemente divulgadas por la CREG no redundarán en la reducción de tarifas en el Caribe porque mantienen el reconocimiento de las pérdidas por fraude, el componente que más pesa en el aumento del costo del servicio en esta región. Se limitan a diferir en el tiempo una fracción de las alzas, que finalmente los usuarios pagaremos con intereses. Desconocen con ello la responsabilidad del Estado en la crisis que sufre la región Caribe al no haber ejercido una adecuada supervisión del sistema para que se modernizara la infraestructura de distribución, no haber intervenido a tiempo a Electricaribe, y haber prolongado este proceso.
6. Las alzas desmedidas en las tarifas serán mayores a partir de enero de 2023, cuando los usuarios vuelvan a pagar el costo pleno del servicio más la financiación de la reducción que se aplicó para los últimos meses de 2022. Ello con el agravante de que, como se proyecta, también subirá el costo de generación por la reducción de los embalses de las hidroeléctricas debido a la temporada de clima seco, y se incrementará el precio del gas utilizado por las termoeléctricas, por coyunturas internacionales.
7. El régimen especial establecido por la CREG para la región Caribe se puede desmontar haciendo uso del artículo 126 de la Ley 142, el cual establece que “Las fórmulas tarifarias tendrán una vigencia de cinco años, salvo que antes haya acuerdo entre la empresa de servicios públicos y la comisión para modificarlas… Excepcionalmente podrán modificarse en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, cuando sea evidente que se cometieron graves errores en su cálculo, se lesionan injustamente los intereses de los usuarios o de la empresa…”.
8. Las disposiciones dirigidas a las plantas de tecnología de ciclo combinado a gas (capacidad eficiente instalada principalmente en la región Caribe), tendrán como consecuencia un incremento en los costos de prestación del servicio al llevarlas a operar ineficientemente. Ello implica incrementar los costos de producción de energía, y entre otros efectos, comprometerán la calidad y confiabilidad del servicio en la región al deteriorar la flexibilidad y seguridad que esta tecnología aporta a la operación del sistema del Caribe ante las deficiencias existentes en la red de transmisión y distribución local.
9. La sostenibilidad del modelo de gestión y el modelo regulatorio está en entredicho por los cambios que se han aplicado en ellos, dadas las alzas tarifarias que superan la capacidad de pago de los usuarios y los efectos que éstas tienen sobre la economía y la población de la región Caribe, como bien lo destaca el estudio de Fundesarrollo y Frontier Economics.
10. El mayor costo unitario de la energía afecta la productividad de las empresas de la región Caribe, y comienza a provocar el aplazamiento o el éxodo de sus programas de expansión y de contratación de personal, y el freno de nuevas inversiones.
11. Los incrementos en el costo de este servicio impactan en mayor medida a los hogares vulnerables, empobrecen aún más a la población del Caribe porque condicionan las decisiones de consumo, y están incubando una crisis social.
12. Las cámaras de comercio y los gremios de la región ratificamos nuestro compromiso de seguir buscando con el sector público, en sus diferentes niveles, estrategias y soluciones efectivas a la situación generada por el alza excesiva en las tarifas de energía eléctrica en la región Caribe, y le reiteramos al Gobierno nacional la necesidad de analizarla en detalle y con una visión integral, de manera que entienda sus causas y su real dimensión, para que con base en ello tome las decisiones que lleven al cumplimiento de dicho objetivo.