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La Corporación Opción Legal, organización de derechos humanos que viene acompañando a la comunidad de El Salado, corregimiento de El Carmen de Bolívar (Bolívar) en Los Montes de María, denuncia los hechos.
La comunidad del Salado, nuevamente siente temor e incertidumbre por las amenazas que se han comunicado por quienes firman como Las Águilas Negras. Las amenazas llegaron en forma de panfletos y mensajes de texto señalando directamente con nombres y fotografías a a líderes sociales del municipio.
En la memoria del pueblo reposa la masacre del 2000, unas de las más graves en Los Montes de María en los que 60 campesinos fueron asesinados y varios habitantes fueron torturados.
La Corporación Opción Legal denunció los siguientes hechos. Desde el viernes 15 de enero de 2021 y durante los días sábado 16, domingo 17 y lunes 18 de enero, fueron enviadas amenazas contra los líderes sociales y algunos otros miembros de la comunidad.
Amenazas que llegaron a diferentes números de celular de los habitantes de la comunidad y fueron elevando su tono intimidatorio. En las horas de la mañana de ayer 18 de enero, algunos representantes de autoridades civiles de la región hicieron presencia en El Salado y se reunieron con la comunidad. Horas antes había sido circulado un panfleto con las fotografías de los amenazados y presuntamente firmado por las “águilas negras”. Los mensajes y amenazas no cesaron y fueron generando en la comunidad un clima de pavor, cuando en las horas de la noche de ayer enviaron un mensaje referenciando la masacre paramilitar padecida por esta comunidad hace 21 años (16 a 23 de febrero de 2000).
Comunicó la corporación, agregando en el mismo comunicado que la comunidad se acercó a la estación de policía clamando protección y seguridad, temiendo volver a sus casas a pasar la noche, ya que durante varias noches no han contado con fluido eléctrico y en la madrugada de hoy el mismo fue suspendido.
La falta de energía eléctrica es otra de las intimidaciones que preocupa a los habitantes de El Salado, debido a que la incomunicación genera incertidumbre en este contexto. Por otra parte los habitantes también han anunciado el ingreso de personas desconocidas al casco urbano del corregimiento, a altas horas de la noche.
Estos hechos intimidatorios han sido percibidos por la comunidad como el retorno de la violencia a su territorio y temen volver a sufrir un nuevo desplazamiento forzado.
Los habitantes de El Salado habían manifestado anteriormente, en el mes de diciembre, su preocupación por una primera amenaza que apareció en un panfleto a final del año 2020, la cual fue puesta en conocimiento de la autoridad de policía en el corregimiento. Varios integrantes de la comunidad presentaron las respectivas denuncias ante las autoridades competentes.
Desde la Corporación Opción Legal lanzamos un llamado de alerta sobre esta preocupante situación que ha generado temor e incertidumbre entre los habitantes del corregimiento e instamos a las autoridades civiles para que protejan efectivamente a esta comunidad que ha sido víctima de atroces crímenes y violaciones a sus derechos humanos.
Nos encontramos ante una de las historias más escabrosas de la violencia que ha resistido nuestro país. Entre el 16 y el 23 de febrero del año 2000, 61 habitantes de El Salado y sus zonas aledañas, fueron asesinados por un grupo de 400 paramilitares en medio de la crueldad y la exhibición del horror que consumaron, llevándose por delante y con chocante desprecio: la vida, los bienes y las libertades de sus habitantes; tras lo cual todos los pobladores del corregimiento se desplazaron forzadamente.
El proceso de retorno y reconstrucción del tejido social, que desafortunadamente ante las circunstancias, se encuentra en riesgo, ha sido paso a paso una muestra del tesón, la dignidad y coraje de que están hechos sus habitantes.
Frente a esto la Defensoría del Pueblo y La Comisión de la Verdad se pronunciaron
Por lo anterior la solicitud en nombre de la comunidad es de lo siguiente :
1. Al Gobierno nacional y en especial al Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, que se desarrollen todas las acciones tendientes a proteger la vida y demás derechos fundamentales de las personas amenazadas.
2. Al Gobierno nacional y en especial al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional, que se desarrollen todas las acciones tendientes a protegerlos derechos fundamentales de la comunidad de El Salado, en este sentido se solicita el incremento y permanencia de fuerza pública que proteja el territorio.
3. Al Gobierno nacional y en especial al Ministerio del Interior que intervenga y acompañe a la comunidad fortaleciendo el tejido social
4. Al Gobierno nacional y en especial al Ministerio de Salud que acompañe a la comunidad por el impacto psicológico que esta situación está causando especialmente en los niños y jóvenes; teniendo en cuenta el contexto de pandemia y aislamiento social en el que sucede.
5. A la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades judiciales dar trámite ante las instancias que sea necesario para iniciar las investigaciones y que estas den resultados concretos sobre los responsables de dichas amenazas.
6. A la Fiscalía General de la Nación para que designe una comisión especial que se traslade a El Salado y haga una investigación exhaustiva en relación con los presuntos responsables de estos hechos.
7. A la Procuraduría General de la Nación hacer un seguimiento y acompañamiento especial en procura de la salvaguarda de los derechos fundamentales de la comunidad de El Salado y sus líderes.
8. A la Defensoría del Pueblo hacer el acompañamiento a la comunidad de El Salado, especialmente a sus líderes amenazados para garantizar la protección de sus derechos fundamentales.
A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL: Solicitamos mantener un escenario de interlocución con el Estado colombiano, en el cual se le haga seguimiento a la situación de riesgo en que se encuentra la comunidad de El Salado y sus líderes ante las amenazas recibidas.