Tribunal del Atlántico admitió Acción Popular de Personeros por altas tarifas de energía

Esta acción fue interpuesta por los personeros de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha.

Foto: Air-e

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico admitió una Acción Popular impetrada por los personeros de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Minas y la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, para que ordene la suspensión de la fórmula tarifaria de energía actual que afecta a miles de usuarios de la región caribe.


Manifestaron los personeros Miguel Ángel Alzate, de Barranquilla; Edwar Orozco Oñate, de Santa Marta y Yeison Deluque Guerra de Riohacha, que el objetivo primordial de esta demanda es buscar la protección de los derechos colectivos de los usuarios o consumidores, que para el caso en concreto serían los del servicios públicos domiciliario de energía, en el entendido que nos encontramos frente a una inadecuada o defectuosa prestación de este, en medio de una imposición de un régimen tarifario que afecta al consumidor hasta el punto de hacer insostenible su pago, constituyéndose en una barrera de acceso.


“Anteriormente se habían iniciado acciones por parte del Gobierno Nacional y locales para contrarrestar el alza en las tarifas, sin embargo los resultados hasta el momento no fueron los esperados, y es por ello que nos valemos de este nueva línea de acción jurídica que otorga la Constitución Política a la comunidad representada en las personerías para la protección de derechos colectivos vulnerados”, dijo el personero Miguel Alzate.


Anteriormente, las Personerías de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha habían coadyuvado la demanda interpuesta por los alcaldes de la región caribe contra las resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) que reglamentaron el incremento de las tarifas de energía eléctrica en el Caribe colombiano.


“De conformidad a los argumentos facticos y jurídicos expuestos, les solicito de manera cordial que se sirvan de cesar la violación del derecho colectivo al acceso del servicio público de electricidad, y como consecuencia de ello se sirvan de modificar y/o derogar las Resoluciones 010 del 30 de enero de 2020 “Por la cual se establece el régimen transitorio especial en materia tarifaria para la región Caribe” y la 78 del 24 de junio de 2021 “Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por AIR–E S.A.S E.S.P. contra la Resolución CREG 024 de 2021”, y en su defecto, se proceda a expedir un nuevo acto administrativo que fije una tarifa del servicio eléctrico en la Región Caribe de tal forma que dicha tarifa garantice a los consumidores el acceso al servicio público de energía, en condiciones de eficiencia, neutralidad, solidaridad y equidad”, dice el documento de los Personeros de la región Caribe.


“Con la admisión de este medio de control se podrán recoger distintas posiciones que han surgido de diferentes sectores de la sociedad, como son gremios, grupos de vecinos, entre otros para robustecerla , coadyuvando esta acción a través de un ejercicio ordenado que refleje el sentir popular y como se ha visto vulnerado en sus derechos”, concluyeron los personeros.