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El Ministerio de Ambiente ha advertido presuntas irregularidades alrededor de estas obras
Después de más de 10 años de “planeación y estructuración” del megaproyecto del Canal del Dique, al parecer, mañana 4 de agosto por fin se adjudicará la obra.
La adjudicación, la cual se llevará a cabo desde las 10:00 de la mañana en las instalaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura, permitirá a la concesión encargada tener un plazo de 15 años para terminar completamente la obra del Canal. De esos 15 años habrá año y medio para la etapa de pre-construcción, 4 años y 3 meses para la construcción de las unidades funcionales, y 9 años y 4 meses para las actividades de operación y mantenimiento. En la diligencia se definirá también si la firma española Sacyr, la cual ahora mismo es la única proponente, mantendrá el contrato de concesión, o si el proceso será declarado fallido.
Rechazo al megaproyecto.
Es preciso recordar que este proyecto ha tenido muchos ‘contradictores’ y ha estado envuelto en muchos ‘peros’. Principalmente por algunas ‘irregularidades’ que ha advertido el Ministerio de Ambiente. Susana Muhamad, ministra de Ambiente designada por la nueva presidencia, ha afirmado en distintos medios de comunicación nacionales su “preocupación” ante el “interés” que hay por parte del Gobierno anterior en que se avance en el proceso de esta licitación y afirmó, además, que se han encontrado distintas anomalías en todo el trámite del proyecto.
En una entrevista realizada por Caracol Radio, la ministra manifestó que en un proyecto tan grande como este es necesario crear al menos un plan de manejo o licenciamiento ambiental. Precisó que en lugar de eso el proyecto tiene un plan de manejo hidrosedimentológico.
“En nuestro criterio, el proyecto necesitaba licencia ambiental o instrumento de manejo ambiental. Eso lo notamos durante el empalme. Se ha inventado un instrumento que no existe en la norma para justificar la APP y acelerar su trámite, cosa que este Gobierno pueda adjudicar”, expuso la ministra en una entrevista concedida al periódico EL HERALDO.
A esta situación se le suma las distintas protestas que se han realizado en los ciudadanos de los municipios aledaños al proyecto, quienes manifiestan estar en desacuerdo con la realización de esta obra.
Ciudadanos de los municipios de Soplaviento, Gambote y Calamar, en el departamento de Bolívar, han salido a las calles simultáneamente para rechazar la ejecución de este proyecto. Según afirman, faltó no solo socialización de la obra con las comunidades que están aledañas al cuerpo de agua, sino también la falta de escucha que afirman han sentido por parte de las autoridades competentes.
Es pertinente mencionar que la ejecución de esta obra supera los $3.5 billones.