En RegiónCaribe.org destacamos los retos de Colombia en medio de la conmemoración del Día Internacional de la Corrupción.
Foto: Naciones Unidas
Este nueve de diciembre se celebra el Día Internacional contra la Corrupción, una fecha que para las Naciones Unidas tiene como objetivo poner de relieve el vínculo crucial entre la lucha contra la corrupción y la paz, la seguridad y el desarrollo.
Colombia es un país que durante sus años de historia siempre ha estado ligado a los retos de superar la corrupción, un problema que el que no solo se ha visto envuelto el campo político, sino que esta se ha convertido en una constante en distintos espacios del territorio nacional.
Ante la conmemoración de esta fecha, en RegiónCaribe.org conversamos con Gladys Zubiría Fuentes, docente catedrática en la Universidad del Norte, quien comentó cuáles son los retos que tiene el país ante la problemática de la corrupción, el papel que juegan los ciudadanos y desafíos de cada gobierno para hacerle frente a este inconveniente.
¿Cuáles son los desafíos que tiene Colombia ante la corrupción?
“Colombia, como muchos otros países en la región enfrentan múltiples desafíos ante la corrupción. Muchos de estos no son nuevos desafíos, sino temas recurrentes que continuamente ocurren en el país, relacionados a escándalos en el manejo de recursos públicos a nivel nacional, regional, y local, así como la corrupción política, que socava las instituciones del país, y afecta a largo plazo la percepción de corrupción de los ciudadanos. Sin embargo, en el marco de la implementación del acuerdo de paz en 2016, Colombia, a diferencia de los demás países latinoamericanos, tiene un desafío adicional en términos del manejo de los recursos destinados a la construcción de paz en el país. Recientes escándalos se han destapado referente a los proyectos de inversión por OCAD-PAZ para los PDET en distintos municipios priorizados en el posconflicto. Hay muy poca transparencia referente al manejo de presupuestos para los proyectos asociados a la implementación del acuerdo de paz impide la veeduría ciudadana en estos procesos, y también concierne a la comunidad internacional en los procesos de observación del manejo de recursos”, sostuvo Zubiría.
¿La lucha contra la corrupción en Colombia es una tarea perdida?
“No podemos hablar de la lucha contra la corrupción como una tarea perdida, por el contrario, como una constante tarea con el propósito disminuir los niveles al máximo. Existe una limitación grandísima en esa lucha, y es que, en gran medida por su naturaleza oculta, no se sabe a ciencia cierta la magnitud del problema contra el que se está luchando hasta que se destapa. La medición de la corrupción, por todo lo que implica, incluyendo falta de transparencia, desvío de recursos, y degradación de las instituciones, es difícil de realizar, y usualmente en lo que nos basamos para entenderla es en la percepción de esta. Sin embargo, la percepción que nos hacemos sobre nuestras instituciones y dirigentes no suele cambiar constantemente, y conforme seguimos evidenciando escándalos de corrupción en el país, y en América Latina, reafirmamos de una u otra manera que parece ser una labor imposible acabar con ella. Pero teniendo en cuenta los desafíos que afronta el país en materia de corrupción es un deber seguir en la lucha contra la misma desde la institucionalidad y desde la ciudadanía. La labor es compleja, porque en Colombia es un tema que parece permear de manera generalizada el manejo de recursos públicos y afecta toda clase de procesos sociales, como la implementación de la paz, el desarrollo de infraestructura en el país, el acceso a educación, e incluso a oportunidades laborales, especialmente cuando va acompañada de procesos de clientelismo. La gestión ciudadana y la movilización de la misma (como se ha visto también en otros países de América Latina) es fundamental para promover cambios institucionales en materia de reducción de corrupción y procesos de judicialización”, precisó la especialista.
¿Qué papel puede tener un ciudadano del común para combatir la corrupción?
“El papel del ciudadano común es clave para combatirla. En muchos contextos, la corrupción ha llegado a un punto de normalización, donde se espera que suceda. No es sorpresa que se desvíen recursos para obras públicas, que se maquillen contratos, que personas en cargos públicos se enriquezcan con dinero público. En gran medida esto se asocia con la percepción débil de las instituciones en el país. También, quienes denunciar la corrupción públicamente, enfrentan desafíos adicionales si los temas denunciados afectan la seguridad del ciudadano. No fácil combatirla, el rol del ciudadano común también supone un reto, que debe ir más allá de la indignación que sucede una vez se destapa el escándalo. Como ciudadanos tenemos derecho a exigir un uso transparente y eficaz de los recursos a los servidores públicos. Desde la ciudadanía se puede fomentar veeduría como mecanismo de control social, en distintos temas de interés como la educación, las oportunidades laborales, la infraestructura, y la salud con el fin de fortalecer la institucionalidad”, agregó.
¿La lucha contra la corrupción debe ser una prioridad en un gobierno?
“Sí, y particularmente en el caso colombiano, donde la corrupción afecta tantos sectores asociados al desarrollo del país. Combatir la corrupción supone, desde la ciudadanía y las instituciones, trabajar en pro de la reducción de la desigualdad y una garantía base para el desarrollo. Los esfuerzos gubernamentales para luchar contra la corrupción no han de ser solo nacionales, sino, conforme se promuevan gestiones claras para combatirla, los gobiernos pueden apoyarse en otros países tanto fuera como dentro de la región, para apoyar iniciativas anticorrupción. Los cambios deben ser sostenidos, para que también sean asimilados desde la sociedad”, concluyó Zubiría.
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