Interventor de Electricaribe cumple arresto por desacato con tutelas de pensionados


Atendiendo a una orden de arresto expedida por el Juez de Tutela Segundo Promiscuo de Ciénaga (Magdalena), el agente interventor de Electricaribe, Javier Lastra Fuscaldo, se entregó ayer para cumplir con ocho días de captura tras desacatar un fallo.


Javier Lastra Fuscaldo. Cortesía

La Corte acepto recurso de fallo de tutela en el día de ayer , en los que se reconocen derechos de reliquidación de 13 accionantes, sin embargo el interventor de Electricaribe dice que prefiere cumplir sanción a pagar $2 mil millones por pensiones, lo que, según él, puede desequilibrar las finanzas de la empresa.

El pago de los pensionados del Atlántico corresponde a $2.020 millones, por concepto del reajuste por Ley 4 de 1976 (15% anual a la mesada pensional).

Lastra Fuscaldo afirma que se trata de recursos que por expresa disposición legal están “congelados” por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios desde el día de la intervención, por lo que no es viable que se ordene pagar acreencias anteriores al 15 de noviembre de 2016, lo que pondría en riesgo a operación y el servicio en toda la Costa Caribe.

De acuerdo con un comunicado emitido por Electricaribe, este fallo, que ordena pagar acreencias antes de la intervención y obligaciones prescritas por vía de tutela, “pondría en riesgo el proceso de intervención” toda vez que otros acreedores acudirían a este mecanismo y la empresa tendría que desembolsar recursos que se requieren para el funcionamiento de la compañía e inversiones.

De igual manera, la entidad dio a conocer que se han presentado 27 nuevas acciones de tutela por parte de pensionados, es decir en promedio más de una por mes en que ha durado la toma de posesión.

Estas acciones, según indica Electricaribe, han sido atendidas mediante la interposición de acciones con las que cuenta legalmente para lograr su revocatoria o suspensión, logrando que, hasta la fecha, las altas Cortes y tribunales fallen a su favor.

Finalmente, el funcionario arrestado solicitó a la Corte Suprema de Justicia “una revisión del caso con mayor celeridad”, para interponer una tutela por vía de hecho pidiendo revocatoria de la medida.