“Gobernadora pretende señalar que los desplazados son por incumplimiento del Pnis" : Ascsucor

Campesinos aseguran que la Gobernación deslegitima el desplazamiento.

Foto: @Ascsucor_org

Una tensa situación se vivió en el departamento de Córdoba, cuando la Gobernación procedía a entregar ayudas a las poblaciones en condición de desplazamiento que se encuentran alojadas en albergues del corregimiento de Juan José, en el municipio de Puerto Libertador, al sur del departamento La problemática surgió cuando las autoridades departamentales aseguraron que están dadas las garantías para el retorno de las familias a sus veredas de origen. En este sentido, Sandra Patricia Devia Ruiz, gobernadora de Córdoba, señaló que se están "atendiendo a las comunidades desplazadas, algunas de estas familias se encuentran adscritas al Pnis. No le veo cuál es el problema al decir eso, de todas formas son desplazadas y se están atendiendo como tal". Asimismo, la mandatario de Córdoba, manifestó que en las últimas semanas "la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles no ha reportado enfrentamientos ni avistamientos de grupos armados", razón por la cual se considera que ya están dadas las garantías para el retorno de las familias. Por su parte, los campesinos sostienen que se está deslegitimando la veracidad de las causas del desplazamiento, al relacionarlos con las movilizaciones realizadas en el marco del Programa de Sustitución Integral de Cultivos Ilícitos, Pnis. Así lo hizo saber la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, Ascsucor, a través de un comunicado en el que señalan que “la Gobernadora de Córdoba no solo deslegitima la veracidad del desplazamiento constatado por el Ministerio Público; además pretende señalar que el grueso de los desplazados son familias que por el incumplimiento del Pnis, se han situado en el marco del desplazamiento forzado para gozar de las dádivas que la Gobernación ha enviado”. En el sur del departamento de Córdoba, la Defensoría del Pueblo reportó desplazamientos masivos desde el 21 de marzo de este año, lo que hasta la fecha suma un total de 732 familias, equivalentes a unas 2.159 personas, quienes aseguran haber recibido amenazas de los grupos al margen de la ley que se disputan el control de los narcocultivos.