Fenosa será notificado por desvío de más de 216 mil millones de Electricaribe detectados por la Cont



Archivo de trabajos en el Caribe. Cortesía.

El más reciente informe realizado por la Contraloría General de la Nación sobre la empresa Electricaribe y que fue presentado este fin de semana, da cuenta del desvío $216.894 millones que según las intervenciones del organismo de control, realizó la empresa de energía para mitigar sus deudas.

En total fueron revisadas 56'751.704 facturas y de éstas 48'405.622 presentan un descuento menor al que debía realmente aplicársele a los hogares de estratos 1 y 2 en zonas rurales, áreas de difícil gestión y barrios subnormales, que son beneficiados de acuerdo con la Ley 1450 con el subsidio del Fondo de Energía Social, Foes que garantiza el pago de $46 pesos por cada kilovatio hora de consumo.

Las zonas más afectadas por esta situación en el periodo 2011 e incluso hasta 2017 -aún cuando estaba intervenida- son Atlántico con $58.466 millones, Córdoba con $44.155 millones, Bolívar con $41.659 millones y Magdalena con $21.317 millones. Lo anterior sin incluir a las capitales donde Barranquilla y Cartagena fueron las más afectadas. Es decir, de acuerdo con el informe, Electricaribe destinada el dinero que debía ser para los hogares de estratos 1 y 2 que cubre el Foes, al pago de sus pérdidas. 

Electricaribe se pronunció

Javier Lastra, agente interventor de  Electricaribe se pronunció explicando que la empresa, enviará a Gas Natural Fenosa, los resultados de esta intervención en la que se les acusa de desviar $216.894 millones, para que la firma española ejerza su derecho a la defensa.

La empresa agregó que actualmente se encuentra en el proceso de pago de los subsidios que no se dieron durante el momento de la intervención de Superservicios. La inversión, que alcanza los $20.000 millones, corresponden a $8.000 mensuales por cliente que se otorgan cada vez que el ministerio de Minas y Energías envía los recursos.

Los pagos iniciaron desde el pasado 1 de septiembre, bajo las recomendaciones establecidas por la Contraloría General de la Nación.