Empresario denuncia toma violenta de hotel ecológico en Tayrona

Augusto Rico, abogado y empresario ambientalista, alerta sobre presencia de estructuras criminales y negligencia institucional, advierte riesgo para turistas y fraude en plataformas digitales.

A solo horas de la reapertura del Parque Nacional Natural Tayrona, el abogado y empresario ambientalista Augusto César Rico García ha denunciado públicamente la toma violenta e ilegal del hotel ecológico que fundó y operó durante más de cinco años: Ecohabs Bamboo Tayrona.

Según Rico, el establecimiento fue ocupado por su socio minoritario, Robinson Jesús Méndez Mendoza, con el presunto respaldo de estructuras paramilitares, y ahora está siendo operado de forma irregular bajo una nueva razón social y sin registro turístico oficial.

Fraude en plataformas como Booking.com

Según comunicado emitido por el empresario, lo que le parece más preocupante es que el hotel está siendo promocionado como Unique Tayrona en plataformas digitales como Booking.com, a pesar de no contar con autorización legal ni registro ante las autoridades turísticas. Esto ha generado alarma entre turistas extranjeros que tienen reservas confirmadas desde hace meses y llegarán hoy al lugar sin conocer la situación.

“Están cometiendo un fraude masivo. Están engañando a viajeros internacionales, poniendo en riesgo su seguridad y explotando un hotel que fue desarrollado con mis recursos sin mi consentimiento”, denunció el empresario.

Del secuestro a la ocupación forzada

La denuncia incluye hechos extremadamente graves. Augusto Rico relató que en abril fue secuestrado junto a cinco empleados del hotel y obligado a firmar documentos bajo coacción. Este hecho fue denunciado formalmente ante la Fiscalía General de la Nación, con pruebas como audios, testimonios y evidencia física, pero hasta la fecha no hay capturas ni avances judiciales.

El conflicto habría comenzado en febrero de 2025, cuando su socio lo presentó con un presunto jefe paramilitar. Desde entonces, ha recibido múltiples amenazas de muerte y ha tenido que desplazarse de Santa Marta por razones de seguridad. Su familia y los empleados que lo acompañaron en el secuestro también estarían en riesgo.

Negación oficial y revictimización

Pese a la gravedad de los hechos, autoridades locales han desestimado la denuncia. Según Rico, el alcalde de Santa Marta habría declarado que “no fue un secuestro, sino una reunión de socios”, lo cual ha generado indignación entre defensores de derechos humanos.

“¿Para qué sirve un Estado que no protege? ¿Para qué sirve una justicia que ignora las pruebas?”, cuestiona el empresario, quien señala una alarmante complicidad institucional.

Exigencias urgentes al Estado colombiano

Ante la omisión de las autoridades, Rico y su equipo han presentado un pliego de exigencias:

1. Acción inmediata de la Fiscalía y traslado del caso a Bogotá por falta de garantías en Santa Marta.

2. Protección urgente para el empresario, su familia, empleados y testigos.

3. Suspensión de la oferta fraudulenta de Unique Tayrona en Booking.com y otras plataformas.

4. Intervención de la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Unidad de Víctimas, OEA MAPP, ACNUR y organismos internacionales de DD. HH.

5. Cobertura permanente de los medios de comunicación para visibilizar el caso y prevenir la impunidad.

¿Qué seguridad jurídica ofrece Colombia?

Este caso pone en tela de juicio las garantías jurídicas para empresarios y turistas en una de las zonas más emblemáticas del Caribe colombiano. El hotel fue desarrollado con recursos propios de Rico, incluyendo instalaciones ecológicas, infraestructura sostenible y formación de talento local. Hoy, todo ese esfuerzo está siendo explotado sin su autorización.

“Si el Estado colombiano no puede proteger a un empresario legal que ha sido víctima de secuestro, ¿qué esperanza hay para los demás?”, concluye.

Augusto Rico hace un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional, al sector turístico, a las organizaciones de derechos humanos y a la ciudadanía para que exijan justicia, protección y verdad.

El abogado y empresario ambientalista Augusto César Rico acusa que su hotel ecológico, Ecohabs Bamboo Tayrona, ha sido tomado por la fuerza por su socio minoritario, Robinson Jesús Méndez Mendoza, presuntamente con el respaldo de estructuras criminales. Desde el pasado sábado 14 de junio, y en vísperas de la reapertura anual del Parque Nacional Natural Tayrona, terceros han irrumpido en el establecimiento para operarlo ilegalmente bajo una nueva razón social, comercializándolo en plataformas como Booking.com bajo el nombre Unique Tayrona.

Un operativo violento y premeditado

Rico, quien es propietario del 70 % de la sociedad legalmente constituida, revela que el conflicto se inició en febrero de 2025, cuando fue contactado por su socio acompañado de un presunto jefe paramilitar. A partir de ese momento, comenzaron las amenazas sistemáticas, que culminaron en abril con el secuestro del empresario y de cinco empleados. Según la denuncia, fueron retenidos, presionados y forzados a firmar documentos bajo coacción; hechos que han sido respaldados por audios, testimonios y evidencias presentadas ante la Fiscalía, sin que las autoridades hayan actuado de inmediato.

Impacto en el turismo y la seguridad

El caso adquiere especial relevancia, ya que el hotel afecta directamente al sector turístico. Con el parque reabriendo sus puertas después del cierre anual, turistas extranjeros que tenían reservada su estadía en Bamboo Tayrona podrían verse involucrados en una operación fraudulenta. “Están engañando a quienes han confiado en una marca reconocida y legal, poniendo en riesgo no solo la economía del sector sino, sobre todo, su integridad física”, advirtió Rico.

El empresario, actualmente desplazado de Santa Marta por seguridad, alerta que su familia y empleados corren peligro, ante el hecho de que personas desconocidas han sido vistas investigando por su paradero. Además, todo el esfuerzo material y humano invertido en el desarrollo del hotel —con ahorros personales, créditos bancarios y la implementación de infraestructura ecológica— está siendo explotado sin su consentimiento.

Voces que exigen justicia

El defensor de derechos humanos José Humberto Torres calificó los hechos como un secuestro con fines extorsivos, subrayando la obligación de las autoridades de intervenir de inmediato. Sin embargo, las declaraciones de funcionarios locales no han sido alentadoras. Según Rico, el alcalde de Santa Marta desestimó la denuncia, calificando el secuestro de “una reunión de socios”, en lo que se percibe como una revictimización de las víctimas y una protección de los implicados.

Ante la inacción estatal, el empresario y sus defensores demandan medidas urgentes para garantizar la seguridad y la justicia. Entre las principales exigencias se destacan:

1. Acción inmediata de la Fiscalía: Trasladar el caso a Bogotá y ordenar la captura de los responsables, garantizando justicia, verdad y reparación.

2. Esquema urgente de protección: Resguardar a Augusto Rico, su familia, empleados y testigos amenazados.

3. Suspensión de cuentas fraudulentas: Exigir a Booking.com y otras plataformas la cancelación de las cuentas que operan bajo el nombre Unique Tayrona.

4. Intervención de organismos de derechos humanos: Llamado a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Unidad para las Víctimas, la OEA MAPP, ACNUR y otros organismos para que actúen ante la omisión institucional.

5. Cobertura mediática constante: Solicitar a los medios de comunicación el seguimiento continuo del caso, evitando que la impunidad se imponga.

   
   

La urgencia de una respuesta estatal

“¿Para qué sirve un Estado que no protege a sus ciudadanos? ¿Para qué una justicia que ignora las pruebas?” cuestiona Augusto Rico, enfatizando que si el Estado colombiano no protege a un empresario legal y víctima de extorsión con pruebas contundentes, ¿qué garantías ofrece a la ciudadanía?

El llamado es claro: la verdad debe salir a la luz y la justicia debe actuar, para que el terror no triunfe en el sector turístico ni en la vida de los ciudadanos.

Con este caso, la ciudadanía, el sector turístico y organismos internacionales se unen para exigir respuestas inmediatas y evitar que la impunidad prevalezca en uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Colomb