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El caso Jineth Bedoya y la realidad de la mujer en el periodismo

Este lunes 15 de marzo comenzó la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el marco del proceso en el cual se determinará la responsabilidad del Estado en los hechos de amenazas, secuestro, tortura y violencia sexual que enfrentó la periodista Jineth Bedoya Lima en el año 2000.

Intervención de la periodista, subdeditora de El Tiempo y promotora de No es Hora de Callar, Jineth Bedoya . Fotografía Peródico El Tiempo

Este lunes inició la audiencia de la periodista, subeditora de El Tiempo y promotora de la organización "No es Hora de Callar", Jineth Bedoya, acto considerado como momento histórico por ser el primer caso de violencia sexual en Colombia en el marco de conflicto armado que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máxima autoridad de justicia a nivel regional y la cual en el 2018, concluyó a través de un informe de fondo, que Colombia es responsable de la violencia contra Bedoya.


Jineth Bedoya recibe el acompañamiento de varias entidades internacionales, los medios de comunicación El Espectador y El Tiempo, como también La Fundación Para la Liberta de Prensa, la cual afirmó que con la sorpresiva retirada del Estado colombiano de la audiencia, revictimiza e impide el acceso a la justicia a la periodista.


Por otro lado, en la audiencia que se desarrollará durante 3 días de manera virtual, la corte tendrá la oportunidad de establecer medidas de seguridad de protección con enfoque de género, para que los estados lo puedan adoptar en el caso de que las mujeres periodistas sean víctimas de violencia. México, Colombia y Brasil serán 3 de los países beneficiados en estas medidas y los cuales son los mas peligrosos para ejercer la labor del periodismo.


En este primer día la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano, en cabeza de Camilo Gómez, señaló la presunta falta de imparcialidad de la mayoría de los jueces y de la presidenta de la Corte IDH y anunció que presentará una solicitud de recusación contra cinco de los seis jueces, debido a una supuesta falta de garantías procesales, tomando la decisión de retirarse de la audiencia y, además, la testigo ofrecida por el Estado no compareció a rendir su declaración.


Antes de la audiencia que se desarrolla en el Centro de Memoria Histórica, Jineth Bedoya realizó un acto conmemorativo, a través de un camino morado en donde se encontraban los nombres de varias víctimas de violencia sexual en el país, afirmando :


Hoy mi voz se levanta por todas las mujeres que han tenido que afrontar violencia sexual, pero sobre todo por las mujeres periodistas que han tenido que silenciarse en medio de la estigmatización, de la amenaza y de la persecución. Silenciar a una mujer no es solamente acabar con la vida de ella, silenciar a una mujer periodista es negarle la posibilidad de personas que se puedan conectar con la realidad, con su realidad y por eso hoy seguimos abogando por eso, por la libertad de expresión.

Cubrimiento por El Tiempo.


3 mujeres activistas y periodistas víctimas de caso de violencia sexual en el marco del conflicto armado, acompañaron a Bedoya, siendo estas la representación de otras mujeres que por su labor de investigación, su vida y su integridad se ha visto atentada Yolanda Perea, Luz Elena Pérez y Carmen Rosa Pavón.


La activista afrocolombiana de la Ruta Pacífica de las Mujeres y defensora de derechos, Yolanda Perea es hija de una lideresa asesinada, ella fue violada y desplazada con su familia a sus 11 años, por Las FARC.

Muchas fuimos violentadas siendo niñas y nada de esto es fácil para nosotras pero siempre nos levantamos con la firme convicción que el día de mañana va a ser mejor

32mil personas han sido víctimas de este tipo, según el registro único de víctimas de violencia sexual de Colombia, de las cuales 29mil son mujeres y niñas.


"La persecución a las mujeres periodistas en Colombia es una realidad se está persiguiendo las periodistas y hoy acompañamos a una mujer valiente a una periodista que nos ha enseñado a las periodistas de regiones a las periodistas de este país a no callar a contar lo que nos pasó"

Expresó la periodista víctima de violencia de Arauca, Carmen Rosa Pabón.


Cuando no le creemos a una víctima cuando rompe el silencio la estamos reduciendo un silencio un silencio que es Aliado de los victimarios y qué hace acción con daño queremos como mujeres poder salir a las calles sin miedo a ser violentadas sin miedo que nuestros cuerpos sigan siendo utilizados como armas de guerra y botines en este proceso

Ludirlena Pérez, víctima de Las Farc y organizaciones paramilitares, cofundadora de la Organización Mujeres Víctimas Gestionando Paz del Meta.


Declaraciones de la FLIP


Para Colombia, las preguntas y los comentarios realizados por los cuatro jueces y la jueza Elizabeth Odio Benitez, presidenta de la Corte, estaban cargados de parcialidad a favor de la víctima.



Ante esto, CEJIL y la FLIP, representantes de Jineth Bedoya Lima, sostenemos que los comentarios de los magistrados fueron dignificantes y oportunos en la medida que acababan de escuchar el valiente testimonio de una sobreviviente de graves violaciones a derechos humanos, pero de ninguna manera prejuzgaron sobre la responsabilidad del Estado, tal y como alega la defensa.


Esto incluye: su labor periodística y las investigaciones que llevaba a cabo en la época de los hechos, el riesgo al que se encontraba expuesta, sus solicitudes de protección y la respuesta estatal ante esta situación. De igual forma, la periodista narró los hechos del 25 de mayo del 2000 y el impacto que estos tuvieron en su vida desde entonces hasta la fecha.


Precisamente, es facultad y deber de los jueces indagar sobre los hechos objeto del litigio, es decir, aquellos que fundamentan el caso como el contexto para comprender su alcance y las medidas que para la víctima pueden significar la reparación. En su testimonio, Jineth Bedoya contestó a preguntas relacionadas con el objeto de su declaración tal como fue aprobado por la Corte.

En su declaración, Jineth señaló que agentes de la Policía fueron quienes le sugirieron entrevistarse en la cárcel La Modelo con jefes paramilitares, para contener el riesgo que había generado su cubrimiento periodístico. Esta entrevista fue la trampa que ocasionó su secuestro, tortura y violencia sexual. También entregó detalles de cómo los perpetradores justificaron que estas agresiones eran un escarmiento contra sus denuncias periodísticas. Además, mencionó los numerosos indicios de la responsabilidad de agentes estatales sobre los hechos, que han sido ignorados en la investigación a nivel interno. Del mismo modo, Jineth cuestionó la revictimización que debió afrontar al ser llamada doce veces a declarar sobre el ataque sexual. Esto último fue reconocido por parte del agente del Estado en la audiencia pública.


Las organizaciones que representamos a la periodista consideramos que la actitud del Estado demuestra la desidia contra las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado y niega espacios dignos para acceder a la justicia. El retiro del Estado de la audiencia es un acto sin precedentes, lo que genera preocupación sobre el compromiso del Estado colombiano frente al juicio por violaciones de derechos humanos y al sometimiento frente a la decisión que adopte la Corte.


Además, esta actuación hace parte de una estrategia que busca deslegitimar a la Corte IDH y significa un nuevo obstáculo en el proceso, que continúa castigando a Jineth Bedoya por hacer escuchar su voz, resultando así en un nuevo intento de silenciarla.

Los representantes de las víctimas instamos al Estado colombiano a que, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, comparezca a la audiencia programada de conformidad con lo dispuesto por la Honorable Corte. Así se contribuye a que el proceso internacional sea digno y tenga un componente reparador, independientemente del posterior fallo.


La falta de debida investigación y sanción de crímenes contra periodistas es una constante desafortunada en Colombia que origina sin lugar a dudas la responsabilidad del Estado, y genera un mayor riesgo para ejercer la libertad de expresión y de prensa. La falta sistemática de respuesta institucional frente a los crímenes contra la prensa es un potenciador de autocensura que debe ser corregido estructuralmente.

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