El Caribe lleva años castigado: paga más por recibir menos

Ahora pretenden penalizar también el consumo que el calor hace indispensable. Ahorrar energía es necesario; penalizar a la Costa sin reconocer su realidad climática, tarifaria y social es profundamente injusto.

Por: Guillermo E. Peña B.

La pregunta no es solamente si viene un nuevo castigo para los usuarios de energía del Caribe. La realidad es más incómoda: llevamos años castigados por una combinación de tarifas elevadas, pérdidas de energía trasladadas al sistema, inversiones insuficientes, interrupciones frecuentes y una regulación que trata de la misma manera a regiones con condiciones climáticas completamente diferentes. Ahora se suma el programa transitorio de ahorro establecido por las resoluciones CREG 101 120 y 101 126 de 2026.

Cada usuario tendrá una meta calculada con la mediana de su consumo diario de los doce meses anteriores. Se permitirá superar esa meta hasta en un 10 % sin cobro adicional. Por encima de ese límite, el consumo excedente tendrá un recargo del 30 % para los estratos 1, 2 y 3; del 50 % para los estratos 4, 5 y 6; y del 70 % para los usuarios comerciales e industriales.

El recargo no se aplica sobre toda la factura, sino sobre los kilovatios consumidos por encima del 110 % de la meta. La primera factura será pedagógica: mostrará cuánto habría tenido que pagar el usuario, pero todavía no hará efectivo el cobro. La penalización comenzará a partir del ciclo de lectura siguiente.

El programa tendrá inicialmente una duración de seis meses y podrá prorrogarse si continúan las condiciones de estrechez energética. La intención de proteger los embalses y evitar un racionamiento nacional es comprensible. Nadie responsable puede oponerse al uso eficiente de la energía. Pero una política puede tener una finalidad legítima y, al mismo tiempo, producir resultados inequitativos.

En Bogotá o Medellín, reducir el consumo puede significar apagar una bombilla, desconectar un equipo o usar menos tiempo un electrodoméstico. En Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Montería, Sincelejo o Valledupar puede significar soportar temperaturas y humedades que hacen indispensables los ventiladores y aires acondicionados durante buena parte del día y de la noche.

En el Caribe, la refrigeración no siempre es comodidad: es salud, productividad y conservación de alimentos. También es indispensable para restaurantes, hoteles, supermercados, clínicas, panaderías, fábricas, cuartos fríos y miles de pequeños negocios. Aplicarles un recargo del 70 % sobre el consumo excedente, sin distinguir entre derroche y necesidad productiva, puede terminar convirtiendo una política de ahorro en un impuesto indirecto al empleo y a la competitividad regional.

Además, la referencia histórica puede ser engañosa. Si los próximos meses son más calientes que los del año anterior, si una familia incorpora un adulto mayor, nace un niño, comienza a trabajar desde la casa o reemplaza el gas por equipos eléctricos, aumentará su consumo aunque no esté desperdiciando energía. Algo similar ocurrirá con un negocio que amplíe su producción, abra un nuevo turno o contrate más trabajadores.

La Costa viene soportando desde hace años una carga adicional. El régimen tarifario especial creado después de Electricaribe buscaba garantizar la sostenibilidad de los nuevos operadores, pero permitió incorporar en la tarifa costos relacionados con pérdidas, riesgo de cartera y recuperación de inversiones. Cuando una medida cautelar suspendió parte de ese régimen, el costo unitario de Air-e cayó de $1.072 a $795 por kWh entre agosto de 2024 y septiembre de 2025, una reducción del 26 %. En Afinia bajó de $1.007 a $906, equivalente al 10 %. Esa caída demuestra cuánto venían pagando los usuarios antes de la corrección.

Es cierto que hoy no puede afirmarse de manera general que todos los usuarios del Caribe tengan la tarifa más alta del país. Air-e llegó a septiembre de 2026 con una tarifa aproximada de $873,69 por kWh, después de haber alcanzado $890,27, mientras Afinia subió hasta cerca de $1.033 por kWh. Pero comparar únicamente el precio del kilovatio desconoce que una familia costeña necesita consumir más energía para alcanzar condiciones mínimas de habitabilidad. El verdadero indicador debería ser cuánto representa la factura sobre el ingreso familiar y cuánta energía es necesaria por razones climáticas.

Tampoco puede separarse la tarifa de la calidad. Una auditoría de la Contraloría encontró incumplimientos reiterados de Air-e y Afinia en indicadores, inversiones y programas de gestión, y advirtió que esas deficiencias se traducen en cortes, retrasos y deterioro del servicio. En materia de pérdidas, Afinia reportó alrededor del 29,3 %, frente a rangos nacionales que se ubican aproximadamente entre el 8 % y el 14 %. No es razonable exigirle al usuario una eficiencia extraordinaria mientras el sistema conserva pérdidas extraordinarias.

¿Qué debería hacerse?

Primero, mantener el llamado nacional al ahorro, pero establecer una meta ajustada por temperatura, humedad y actividad económica. Colombia no puede seguir regulando el consumo eléctrico como si Barranquilla y Bogotá tuvieran el mismo clima.

Segundo, proteger un consumo básico climático para las regiones cálidas. El umbral subsidiado de 173 kWh mensuales resulta insuficiente para numerosos hogares costeños. La regulación debe reconocer que la energía destinada a ventilación y refrigeración básica no es consumo suntuario.

Tercero, reemplazar el castigo aislado por incentivos permanentes: financiación y subsidios para aires acondicionados inverter, neveras eficientes, aislamiento térmico, arborización urbana, techos solares y comunidades energéticas. La mejor política de ahorro no es obligar a una familia a pasar calor, sino ayudarla a consumir menos conservando su calidad de vida.

Cuarto, condicionar cualquier sacrificio de los usuarios a metas públicas y verificables de los operadores: reducción de pérdidas, continuidad, duración de interrupciones, inversión ejecutada y compensaciones automáticas por mala calidad.

Y quinto, crear un observatorio regional independiente que publique mensualmente tarifa, consumo, pérdidas, recaudo, inversiones y calidad por municipio. Sin información comparable no hay control ciudadano ni regulación transparente.

El Caribe debe contribuir al esfuerzo nacional para evitar un racionamiento. Pero solidaridad no significa resignación ni puede consistir en cobrarle más al usuario mientras permanecen intactas las ineficiencias del sistema.

No pedimos permiso para derrochar energía. Exigimos una regulación inteligente, regionalizada y justa. Porque el problema no es solamente el castigo que podría venir: es que durante demasiado tiempo hemos pagado mucho, consumido por necesidad y recibido menos calidad de la que merecemos.

Guillermo E. Peña Bernal

Presidente

Asociación Por Amor a Barranquilla.