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La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas se pronunció respecto al nuevo Decreto emitido por el Gobierno, que afectaría a estratos 4, 5 y 6 en La Guajira.
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A inicios de esta semana, el Gobierno Nacional firmó el Decreto 1276, el cual adopta medidas para crear un régimen tarifario especial y diferencial de carácter transitorio para enfrentar la emergencia social y emergencia social y económica en La Guajira.
En el Decreto se autoriza y ordena a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para crear un régimen tarifario especial y diferencial de carácter transitorio para el departamento, que asegurará la prestación eficiente y sostenible del servicio público domiciliario, enfocado en la atención de áreas vulnerables del departamento.
Sobre este tema, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), emitió un comunicado en el que reconoce las necesidades sociales que vive el departamento de La Guajira, pero también entregó sus observaciones respecto al Decreto 1276. Esto dice el comunicado del gremio:
Aunque el Decreto estipula un período de seis meses y su prolongación está sujeta a la decisión del Congreso de la República, basándonos en experiencias históricas previas, existe una alta probabilidad de que esta medida sea permanente.
Asimismo, gran parte de las situaciones que actualmente afectan al departamento de La Guajira se derivan de costumbres ancestrales y normas que protegen a los grupos étnicos, lo que posiblemente ha limitado el crecimiento, el desarrollo y la creación de mejores condiciones sociales.
El presente Decreto, desafortunadamente, parece haber omitido la consideración de la situación actual en cuanto a las tarifas de energía en la región Caribe. Resulta crucial tener en cuenta que las tarifas vigentes en esta región son notablemente distintas y divergentes de las que están en vigor en otras partes del país
Es importante tener en cuenta que se espera una agudización del Fenómeno del Niño durante el segundo semestre del año en curso. Como resultado, se ha anunciado por parte del Ministerio de Minas y Energía que el costo de la energía aumentará.
Otro aspecto que preocupa es la posible afectación a los contratos de suministro de energía de largo plazo, los cuales presentan un retraso constituyéndose en un obstáculo en la transición energética del país. Según cifras de SER Colombia, el 65% de los proyectos de energía en ejecución se enfrentan a retos significativos asociados a consultas previas y licencias ambientales.
Según lo establecido en la constitución, corresponderá a la Corte Constitucional revisar si este se ajusta a los parámetros establecidos a la potestad que tiene el presidente de expedir Decretos en virtud de la emergencia económica.