Declarada calamidad pública por emergencia portuaria en Barranquilla

Actualizado: 12 de dic de 2018

La noticia la dió a conocer el alcalde Alejandro Char.

Archivo del puerto de Barranquilla. Foto: Alcaldía de Barranquilla.


Finalmente después de varios días de crisis, la Alcaldía de Barranquilla en cabeza de su mandatario Alejandro Char, declaró la calamidad pública en el puerto de Barranquilla, a través del decreto 0476 del 2018.


De acuerdo con el alcalde, la decisión se tomó luego de que el Comité Distrito de Gestión del Riesgo analizara la crítica situación del puerto de Barranquilla y el impacto que ésto tendría para la ciudad.


Char agregó además que se buscan tomar las medidas necesarias para recuperar las condiciones del Puerto.


"Barranquilla se debe a su puerto y con esta medida buscamos aportar todas las herramientas necesarias para el restablecimiento de las condiciones para el adecuado ingreso y salida de buques a nuestra ciudad", expresó Alejandro Char.

Se espera que una vez declarada la calamidad pública, el Gobierno Nacional pueda intervenir cuanto antes para conseguir una draga que permita realizar los trabajos necesarios para evitar las actuales restricciones en la navegabilidad del río Magdalena.


Desde el pasado miércoles, 6 de diciembre, la Autoridad Marítima Dimar emitió un comunicado asegurando que las zonas del Puerto tenían restricciones de 7.0 metros y algunas otras de 8.0 metros.


"El puerto de Barranquilla está a punto de cerrarse"


El Representante a la Cámara del Atlántico, César Lorduy advirtió ante la Cámara de Representantes, la situación del puerto de Barranquilla, e hizo un enfático llamado a la ministra de Transportes, Ángela María Orozco y a Cormagdalena.


"Que el ministerio de Transporte y Cormagdalena se enteren, si es que no se han enterado que el puerto de Barranquilla está a punto de cerrarse porque entre planes y programas, tienen al borde del cierre el puerto de Barranquilla", afirmó el parlamentario.


Lorduy agregó en su intervención que es muy irresponsable que se hayan comprometido en septiembre a una alternativa de draga permanente, condenando a la ciudad a sobrecostos en carga, pérdidas de empleo, tributos e incentivos.