Comerciantes podrán terminar de forma unilateral contratos de arrendamiento

Los arrendatarios tendrán plazo de finalizar sus contratos hasta el próximo 31 de agosto.

Este jueves, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, anunció la expedición de un nuevo decreto que permitirá la terminación unilateral de contratos de arrendamiento, en algunos casos.


Esta decisión avalada por el Gobierno Nacional, se toma en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19 que ha representado graves problemas financieros para múltiples negocios, que han tenido una disminución significativa en sus ventas que no les permite cumplir con sus obligaciones de pago de arriendo.


El Ministro recalcó que esta medida aplicará para el caso “de los bares, de las discotecas, de los gimnasios, de los parques, entre otros temas”. Además, destacó que "arrendatario y arrendador deben llegar a un acuerdo, con una penalidad máxima que sea la tercera parte de lo originalmente pactado, buscando, también, facilitar este proceso, pero, sobre todo, con una cultura de pago. Con eso, estamos acompañando a esos sectores afectados”.


De acuerdo con el decreto, los comerciantes podrán terminar los contratos de arrendamiento hasta el próximo 31 de agosto y por la toma de esta decisión las empresas o personas que hagan uso del inmueble no podrán ser multadas, sin embargo, "deberán estar al día con el pago de los cánones y servicios públicos causados, así como con las demás obligaciones pecuniarias a su cargo hasta la fecha de terminación del contrato".


Por otra parte, Restrepo, recordó el Decreto 772 del 3 de junio de 2020, expedido por el Gobierno, el cual hace énfasis en procesos de insolvencia para pequeñas empresas cuyos activos sean inferiores o iguales a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes con el fin de contar con un proceso de reorganización abreviado y un proceso de liquidación simplificado, que atienda las necesidades de las micro y pequeñas empresas.


Este decreto también hace parte de las estrategias implementadas desde el Gobierno para atender los procesos de insolvencia de las empresas y facilitar su recuperación frente a las dificultades que se han presentado como consecuencia del impacto de la COVID-19.