.png)
Varios territorios del Caribe colombiano están por fuera del control de los mandatarios locales y departamentales porque permanecen en manos de actores armados ilegales.
Luis Trejos, director del Observatorio de Dinámicas del Conflicto Armado de la Universidad del Norte. Foto: cortesía.
Por: Aldira Chamorro Ojeda
Desde el observatorio de Dinámicas del Conflicto Armado la Universidad del Norte y el Centro de Pensamiento UNCaribe, se reportó durante el 2019, el asesinato de 16 líderes sociales y, como zonas más complejas, con mayor número de estos casos, fueron identificados los departamentos de Bolívar y Córdoba, especialmente la zona sur de cada uno de esos territorios, donde hay presencia activa de grupos ilegales.
“Esto, sin lugar a dudas, es un saldo negativo en cuanto a la defensa de los derechos humanos pero también evidencia la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad a los ciudadanos del común y, especialmente, a los que ejercen liderazgo de derechos sociales y enclaves de derechos humanos o de representación de comunidades”, manifestó el director del Observatorio, Luis Fernando Trejos Rosero.
Explicó que el conflicto armado continúa en esas zonas del país porque en el sur de Bolívar están localizados miembros del ELN y de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, mientras que el sur de Córdoba se lo están disputando el Clan del Golfo, Los Caparros y unas disidencias de las Farc.
El estudio del observatorio determina que la permanencia de las expresiones armadas ilegales en estos territorios, así como en el sur del Cesar, está ligada al sostenimiento de sus rentas mediante cultivos ilícitos y minería ilegal.
Otras zonas de mayor conflicto
Trejos precisó que, lastimosamente, hay muchos territorios del Caribe que están por fuera del control de los mandatarios locales y departamentales porque están en manos de actores armados ilegales.
“La realidad indicaría que los líderes sociales tienen que negociar su actividad de liderazgo con esos grupos armados, es decir, establecer con ellos límites de su actividad representativa de las comunidades, tratando de garantizar su seguridad ya que el Estado no se las va a brindar”.
En esa situación se encuentran, además del sur de Bolívar y sur de Córdoba, el sur Cesar, controlado por el frente Camilo Torres Restrepo del ELN y, recientemente, se sumó a este triste listado, la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se ha reactivado el conflicto armado entre el Clan del Golfo y la Casa Giraldo, violencia que está afectando especialmente a la zona rural de Santa Marta, Ciénaga y Dibulla. “Todo indicaría que en el 2020 esa será una zona de mucha conflictividad”, dijo Trejos.
Las amenazas
Luis Trejos, quien también ha recibido amenazas por su trabajo de investigación sobre la confrontación armada e infracciones a los derechos humanos, dijo que la dificultad para verificar las amenazas imposibilita al Observatorio medir este delito. “Hay territorios donde salen panfletos y comunicados que se adjudican algunos grupos armados, que son muy difícil de verificar, por eso, solo podemos medir el homicidio que, por ser un hecho tan grave, es muy evidente y hay mucho registro del mismo”, expresó Trejos.
“La amenaza se ha vuelto una modalidad muy reiterada en el caso de la región Caribe, dado que tiene menores sanciones judiciales y sociales para quienes la ejercen. La situación se hace más compleja en la medida en que uno termina solo. Nosotros en la universidad, como en la mayoría de las organizaciones tanto internacionales como nacionales, terminamos haciéndole seguimiento al tema de los homicidios pero no pasa lo mismo con las amenazas”, afirmó.
Política pública para proteger a líderes sociales
El Gobierno Nacional presentó el marco de la política pública de protección integral y garantías para líderes sociales, comunales, periodistas y defensores de DD.HH., resultado de 114 mesas de trabajo con defensores de DDHH, servidores públicos nacionales y territoriales, la sociedad civil y la comunidad internacional.
No obstante, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, indicó que algunas organizaciones sociales se retiraron del proceso de concertación para el documento Conpes que se estaba trabajando con las plataformas sociales del orden nacional, por lo que la política integral de garantía y respeto a la labor de defensa de los derechos humanos se presentará durante el primer trimestre del próximo año.
Sobre estas políticas públicas, Luis Trejos sostuvo que entre sus componentes más importantes deben observarse la prevención de la violencia contra los liderazgos sociales y la sanción efectiva en términos de investigación y juzgamiento de las personas involucradas en los asesinatos de líderes sociales.
Destacó que toda la responsabilidad no puede recaer sobre el Gobierno Nacional.
”También tendríamos que interpelar a gobernadores y alcaldes, es decir qué están haciendo las autoridades locales no solo en el tema de la prevención de la violencia que se ejerce contra los líderes, sino también en lo que respecta a la sanción una vez ha ocurrido el hecho de violencia”.
Retos 2020
El principal y más grande reto para 2020 es disminuir la violencia y Luis Trejos considera que las condiciones están dadas por cuanto será un año sin elecciones. “Creo que el tema de las elecciones locales exacerbó la violencia en contra de los liderazgos sociales por dos razones. Primero, los líderes, en algunos casos, fueron percibidos como competidores políticos por parte de actores tradicionales en los territorios y segundo, muchos lideran veedurías ciudadanas, denuncian casos de corrupción y de malversación de fondos. Por ello, considero que la dinámica de agresión contra estas personas va a disminuir, no se va a acabar, pero se va a atenuar un poco”.
Enfatizó que se debe prestar mucha atención al tema de la Sierra Nevada de Santa Marta porque siempre que hay enfrentamientos entre grupos ilegales, las comunidades quedan en la mitad y resultan afectadas.
Recomendación a los nuevos mandatarios
Brindar especial atención a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, es la gran recomendación que hace el director del Observatorio de Dinámicas del Conflicto Armado del Centro de Pensamiento UNCaribe, a los nuevos mandatarios que asumirán sus cargos a partir del primero de enero.
“La Defensoría y su sistema de alertas tempranas ha demostrado que es muy efectiva en cuanto a la denuncia y anticipación de los hechos, entonces hay que prestarle atención. Lo otro es que se necesita un trabajo interinstitucional de alcaldes, gobernadores y entes de vigilancia como Policía. Ejército y organizaciones sociales para construir rutas de atención en caso de que haya violencia en contra de algún liderazgo social”, puntualizó Luis Trejos.