Afectados por canalización del arroyo Hospital deben ser reubicados

La Personería Distrital de Barranquilla y la Procuraduría General de la Nación deben acompañar el cumplimiento de las órdenes.

El fallo de la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional ordena a la alcaldía de Barranquilla a reubicar de manera temporal o definitiva a 259 personas que habitan en 48 viviendas adyacentes al arroyo Hospital.


Argumenta la Corte que existe una amenaza inminente de los derechos fundamentales a la vivienda digna y a la seguridad personal de las familias afectadas por el proyecto.


Afirma el alto tribunal que desde el 2016 la alcaldía contrató la canalización del arroyo “desde la calle 44 con carrera 29 hasta la carrera 35 con calle 17 y de la carrera 35 con calle 17 hasta el caño La Ahuyama en la calle 6”.


La sentencia se sustenta en la tutela T-206 de 2019 presentada por Maribel Jiménez de la Hoz, quien le pide al máximo tribunal que sean amparados sus derechos a una vivienda digna.


Según los accionantes, las casas quedaron un metro por debajo del nuevo nivel del arroyo y, por lo tanto, las personas deben subir y bajar por la media puerta que quedó a la vista para salir o entrar a sus viviendas.


Aseguran los afectados que la situación se complica cuando llueve, toda vez que las casas se inundan con las obvias pérdidas materiales, contaminación ambiental por aguas negras y el consecuente deterioro de la salud.


La Corte Constitucional, al revisar el expediente, determinó que la causa de la amenaza o riesgo a los derechos de los accionantes se da por omisión por parte de la Alcaldía Distrital de Barranquilla de adoptar medidas para mitigar el impacto que trae consigo la construcción del canal contiguo a sus viviendas, que, si bien su fin último es el bienestar de los residentes, mientras se termina la obra pública constituye una amenaza a sus derechos fundamentales.


Para la Corte, la situación es más gravosa si se tiene en cuenta que dentro de los afectados hay 61 menores de edad, 6 adultos mayores y 3 personas en condición de discapacidad.


En la Sentencia, la Corte ordena a la Alcaldía Distrital de Barranquilla adelantar las gestiones necesarias para verificar el riesgo actual de inundación que recae sobre cada una de las viviendas de los habitantes, salvo un grupo de predios que habían sido enajenados por la Secretaría de Planeación.


Una vez se adelante la evaluación, la Alcaldía deberá ofrecer a los accionantes, sobre cuyas viviendas persiste el riesgo de inundación que amenace su seguridad personal y el de su familia, propuestas viables y eficaces que garanticen de manera oportuna la protección de sus derechos fundamentales, dentro de las cuales debe contemplarse la reubicación de manera transitoria hasta tanto cese el riesgo o de manera definitiva si el mismo no se logra mitigar.


Los mecanismos de protección que se acuerden deberán ejecutarse y cumplirse un mes siguiente a la notificación de la sentencia.