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Acerca de 530 mil niños, niñas y adolescentes del territorio colombiano, en especial la región caribe se encuentran en riesgo de alimentación complementaria ,debido a las irregularidades en el programa de complemento nutricional en las instituciones educativas.
Foto: Alcaldía de Barranquilla
Bajo la normatividad gubernamental el PAE, Programa de Alimentacion Escolar, presenta inconsistencias y riesgos de cobertura en nueve territorios del país.
Es por esto, que la contraloría tiene en la lupa, las irregularidades de Córdoba, Valledupar, Sucre, Yopal, Santa Marta, Quibdó, Buenaventura, Neiva y Ciénaga. Por lo que, el programa iniciaría 30 días después de la vigencia escolar.
Según el comunicado de prensa emitido por la Contraloría Gerenal de la República, el pasado martes 31 de enero, los recursos de estás nueve (ETC) Entidades Territoriales Certificadas fueron por más de 124 mil millones de pesos, para la vigencia del 2023.
"Desde diciembre del 2022, a estas 9 ETC les fueron asignados más de $124 mil millones para la vigencia 2023 destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE)".
Así mismo, el organismo de control hace un llamado de atención sobre la ETC Ciénaga, debido al riesgo de
suspensión del PAE en dos semanas por escasa
planeación contractual.
Del mismo modo, al corte del 23 de enero, de las 97 Entidades Territoriales Certificadas, 60 iniciaron calendario escolar el pasado 16 de enero, y sólo 45 de estas dieron inicio a la prestación del servicio PAE, por lo que desde las competencias preventivas que tiene la Contraloría, hacen igualmente un llamado de atención a las 15 Entidades Territoriales Certificadas que no cumplieron con este criterio.
Por su parte, se conoce que Yopal y Neiva declararon desierto el proceso de contratación, Sucre planea iniciar el 15 de marzo, Córdoba está sin prórroga, Santa Marta no ha iniciado proceso de contratación, Valledupar recién empezó proceso de adjudicación, Buenaventura informó estar en rueda de negocio bursátil y Quibdó adjudicó ese mismo 23 de enero.
Por lo que, la contralora encargada del proceso Delegada para la Participación Ciudadana, Alexandra
Rodríguez Vela, recordó que “El acatamiento a los principios de planeación en los procesos de contratación deben prevalecer en el territorio nacional para garantizar que el servicio de alimentación escolar se brinde desde el primer día y sin interrupción durante el calendario escolar, como se determina en la Ley
2167 de 2021”.